Calderón fuera de la ley

Por Juan José Solis Delgado

Este artículo se publicó originalmente el 9 de agosto de 2011 en AOL-Noticias

Pese a que existe un número importante de ciudadanos respetables que reconocen como exitosa y positiva la política gubernamental de Felipe Calderón, la realidad es que los resultados obtenidos a casi cinco años de gestión administrativa y gubernamental son negativos y alarmantes en diversos aspectos. El sello de este gobierno, tiene por características el caos, el autoritarismo, la prepotencia, la mentira, la insensatez y en más de una ocasión la torpeza.
Su penosa y criticada asunción al poder, obligó a Felipe Calderón a buscar un recurso que le diera legitimidad inmediata. Lo encontró en el enfrentamiento contra los grupos del narcotráfico que operaban desde hace décadas en el país. Sin embargo, el disminuido representante del poder ejecutivo, erró en su diagnóstico y destapó la cloaca que hoy tiene al país en una fuerte crisis de inseguridad. Si se observa con atención, desde que inició la guerra contra los criminales, han caído cabezas importantes de los capos de la mafia y se han desmembrado decenas de bandas delictivas, pero contradictoriamente los delitos, la violencia y los muertos van en aumento, en menos de medio año, se alcanzó la cifra de los 50 mil muertos.

No obstante, los ciudadanos mexicanos han respaldado contundentemente la política de combatir el crimen organizado. Prácticamente, nadie cuestiona la lucha emprendida contra quienes dañan el bienestar social; sin embargo, lo que sí se cuestiona, es la fallida estrategia que por más que captura a delincuentes, no impacta en la seguridad pública, los resultados son pobres y negativos. De tal manera, que cuando se hace la radiografía de las aprehensiones en territorio nacional, resulta ser que no hay una persecución homogénea a los diversos carteles que componen en mapa delincuencial del país, ya que se tiene documentado que los integrantes del cartel de Sinaloa que lidera Joaquín Guzmán mejor conocido como “el chapo Guzmán” son prohijados por las fuerzas armadas y de inteligencia que dicen combatirlos.

En ese sentido, la información que este inicio de semana dio a conocer el diario estadounidense The New York Times, confirma la sospecha. La guerra de Felipe Calderón se ha salido de control y éste, violando sistemáticamente la Constitución Política, ha tenido que recurrir al gobierno de los Estados Unidos de América para que le oriente en el control de daños. No sólo es el vuelo de aviones no tripulados en territorio mexicano lo que trastoca la soberanía nacional, sino la actividad de miembros de la CIA, DEA, FBI y del Pentágono, en una base de militar ubicada al norte de México para recolectar información acerca de las actividades de los narcotraficantes, lo que se traduce en tomar las decisiones importantes en materia de seguridad.

De acuerdo al mismo reporte periodístico, el centro de operaciones alojado en esta base militar, fue diseñado por Felipe Calderón y sus huestes para darle la vuelta a la prohibición que impide a policías y militares extranjeros operar en territorio mexicano. Además de “prevenir que tecnología avanzada estadunidense caiga en manos de agencias mexicanas de seguridad con largos antecedentes de corrupción”. Con ello, tenemos que todas las acciones emprendidas por el gobierno calderonista han sido un rotundo fracaso y ahora es la inteligencia estadunidense quien viene a territorio mexicano a enmendar la plana.

Esta intervención estadounidense en más grave de lo que pudiera parecer. Porque los miembros de la DEA, CIA, FBI, etcétera, vienen a resolver y enfocarse al problema del narcotráfico; sin embargo, el problema de seguridad que padece México está más allá del trasiego de estupefacientes, ya que la industria del crimen tienen una considerable incidencia en las operaciones del secuestro, robo de autos, lavado de dinero, prostitución, piratería, etc. Y si para el problema de las drogas no hubo una estrategia acertada por parte de Felipe Calderón, pues qué podemos esperar para el resto de los delitos.

El dictamen de ley que se aprobó el martes 2 de agosto en la cámara de diputados y que se reservó todo su contenido para revisión, no es más que la forma de hacer legal lo que desde el año 2006, en que se emprendió la guerra absurda, se ha violado sistemáticamente. Por ley, las fuerzas armadas no deben hacer labores policiacas; sin embargo, su salida de los cuarteles los ha obligado a patrullar las zonas de conflicto y matar a inocentes y culpables sin un marco legal que los cobije.

Con esta iniciativa de Ley de Seguridad Nacional y con la presencia de policías extranjeros en territorio mexicano, Felipe Calderón una vez más (como lo hizo desde el primer minuto de su mandato) viola la ley que prometió cumplir y hacer cumplir; dejando en manos del gobierno de los Estados Unidos de América la resolución de los problemas que causan las operaciones del crimen organizado. Y aunque esto tiene todas las características para ser causa de un juicio político en su contra, lo más seguro es que nadie lo llame a rendir cuentas. Pues como aquí he sostenido, el diseño institucional del sistema político mexicano, está dispuesto de mecanismos de defensa que blinda a quienes metódicamente traicionan los principios de soberanía y autonomía nacionales y de no intervención.

Nota al margen: La semana pasada, Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno de la ciudad de México, dio a conocer su tórrido romance con la diplomática hondureña Rosalinda Bueso Asfura. Una vez más, la frivolidad se apoderó de la política, tanto así que politólogos y opinadores profesionales, consideraron relevante analizar el impacto mediático de esta relación sentimental, dejando en el olvido las cualidades de gobierno de uno de los aspirantes a ocupar la silla presidencial. / Este lunes 8 de agosto de 2011, el doctor Alejandro Aceves López, profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, recibió un artefacto contenido en un sobre de papel que hizo explosión en las inmediaciones de dicha institución educativa. Esperemos que esto no sea el crecimiento de la violencia causada por el crimen organizado al interior de los centros educativos.

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