Sexenio de delitos, sangre y muerte

Por Juan José Solis Delgado

Este artículo se publicó originalmente en la columna MéxicoPolítico del portal estadounidense AOL-Noticias el 15 de noviembre de 2011.

En el México histórico, cada presidente del país (para bien o para mal) ha dejado una marca muy singular que caracteriza su gestión. El actual sexenio no será para nada la excepción. El mandato de Felipe Calderón seguramente pasará a la historia por la desmedida violencia, los delitos cometidos por el poder del Estado y por los criminales, pero sobre todo, por la cantidad de muertos inocentes y malosos de todos los niveles y sectores de la sociedad.

A la fecha no existe un solo mexicano que directa o indirectamente no tenga una historia del crimen o abuso de poder que contar. La crisis de inseguridad se ha permeado a lo largo y ancho del país, de tal manera que entre los ciudadanos existe un pánico silencioso y pasivo que no permite vivir con tranquilidad y paz. Se sabe y se ha demostrado que las probabilidades de ser ultimado se han incrementado de forma exponencial en el último quinquenio. A estas alturas, ya nadie está seguro. Ni siquiera la propia clase política que va desde presidentes municipales, hasta secretarios de Estado pasando por candidatos a puestos de elección popular, se ha escapado del clima de violencia e inseguridad.

Nadie está seguro en el país, ni los buenos, ni los malos, ni los otros. Nadie. Y tampoco existe una autoridad policiaca a nivel federal, estatal o municipal, que medianamente garantice una mínima posibilidad de brindarnos certeza, seguridad y confianza. Cuando los ciudadanos inocentes son víctimas de alguna acción delictiva se dice que son daños colaterales, y cuando los caídos son integrantes del crimen, se afirma que son luchas intestinas entre sicarios y bandas criminales (como si la muerte fuera de menor valor entre los delincuentes). Pero lo cierto, es que hay una abierta actitud de indolencia por parte del gobierno federal hacia las muertes que ha provocado esta sangrienta guerra contra el narcotráfico.

El argumento principal de Felipe Calderón es que se debe combatir al crimen organizado sin importar las formas y los recursos humanos y económicos que ello implique. Sin embargo tal postura bélica adolece de sensatez e inteligencia; puesto que las instituciones de procuración de justicia, las policías federales y el sistema judicial no tienen el suficiente poder de combatir lo que desde sus propias entrañas está señalado como corrupción, complicidad y protección de una élite privilegiada. Antes de salir a la calle a lidiar a los criminales, primero debería combatirse el crimen que existe adentro de las instituciones.

En este sexenio, hemos visto pasar a la muerte por el destino de nuestro malogrado país. En menos de seis años hemos sido testigos de la muerte de los niños de la guardería ABC; de la muerte de 72 migrantes en el municipio de San Fernando en Tamaulipas; de los muertos que desafortunadamente adquirieron el virus de la influenza; muertos en fosas clandestinas; muerte de estudiantes a las afueras y dentro de sus instituciones de estudios; muerte de familias acribilladas por no detenerse ante un retén militar; la muerte de Juan Francisco Sicilia, hijo del amoroso poeta; el asesinato de presidentes municipales; el atentado a un futbolista; el crimen contra un actor; el allanamiento a la casa de otro poeta, la muerte de un candidato a gobernador; la muerte de dos secretarios de Gobernación; la muerte de los decapitados, de los echados a la intemperie en Veracruz, la muerte de los colgados; la muerte de decenas de periodistas… y con ello, los centenares de desaparecidos y desplazados del país…

Este es desafortunadamente el México de la muerte que nos ha dado Felipe Calderón. Su imperiosa necedad por legitimarse le hizo creer que a fuerza de violencia, sangre y muerte podría tener un mejor país. Ya son dos sus amigos a quienes les ha conferido la responsabilidad de la secretaria de Gobernación y para su mala suerte ambos han muerto en circunstancias similares. Es una trágica coincidencia o una sospechosa fatalidad; pero lo cierto es que ni siquiera ellos, los secretarios más resguardados, están seguros y exentos de sufrir “curiosos” accidentes.

¿Cómo se restaurará el tejido social que hoy por hoy está hecho añicos y que tiene un terrible hedor a muerte? Primero, echando a la calle a políticos y gobernantes fascistas, temerarios, perversos y mezquinos. Después abriendo la puerta a una nueva generación de gobernantes que sean supervisados permanentemente por organismos ciudadanos que certifiquen y validen su buen gobierno. Sería un buen paso para nuestra incipiente y simulada democracia.

Nota al margen. El enigmático día 11 del mes 11 del año 11, fue fatídico para el gobierno de Felipe Calderón. El secretario de Gobernación Francisco Blake Mora y siete funcionarios más, mueren como consecuencia del desplome del helicóptero en el cual viajaban de la ciudad de México a la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos. Una vez más la comunicación gubernamental y sus departamentos de control de riesgos y manejo de crisis, brillaron por su ineptitud o quizá por su inexistencia. Ante la falta de solidez de información y el cerco establecido por las fuerzas armadas, lo único que provocó la presidencia de la República fue dar pie a las especulaciones sobre las causas del derrumbamiento. Por mucho, el gobierno federal a través de la secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) insistió que las investigaciones del momento apuntaban a un accidente causado por las malas condiciones climáticas de la zona, pero al cierre de esta columna, ninguna autoridad ha mencionado si la aeronave se estrelló con la cima de algún cerro, si se estampó contra un árbol, si dejaron de funcionar la hélices, o cualquier argumento moderadamente creíble que justifique la caía del helicóptero. Llama la atención que según versiones de quienes han realizado las primeras indagaciones, no existe la evidencia de fuego o explosión alguna en el helicóptero. La versión de la autoridad, al momento, no se ha movido de ser un accidente. Por eso no se puede concebir la razón por la cual un usuario de la red twitter @mareoflores, fue “levantado” por agentes de la procuraduría general de la República (PGR) para ser interrogado por un tuit que posteó horas antes del accidente. Tres hipótesis saltan a la opinión pública: 1) fue un accidente provocado por las malas condiciones climatológicas, 2) existe algún grupo criminal detrás de lo que podría considerarse como un atentado, para enviar un mensaje contundente y amenazante a Felipe Calderón o 3) siendo un helicóptero de la presidencia de la República al que sólo se puede acercar personal autorizado, la sospechosa descompostura mecánica o falta de pericia de quien lo piloteaba, tenía destinatario definido.

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