En los medios de masas no existe la palabra gratis

Por Juan José Solis Delgado

Este artículo se publicó originalmente el 9 de enero de 2012, en la columna Intersticios de la revista  Razón y Palabra, Primera Revista Digital en Iberoamérica Especializada en Comunicología.

No es casual que los principales alfiles de las televisoras, intentarán mediante todo tipo de argumentos, sembrar en la opinión pública la idea del no debate. En cualquier sociedad del mundo, el acto de no debatir los asuntos públicos y las razones de quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular, constituiría en principio, un freno irreductible a la consolidación democrática y reflejaría una inoperancia en la estructura y procesos electorales.

No es el caso de México, aquí ninguna ley superior o secundaria prohíbe la organización de debates en medios de comunicación masiva, en todo caso, la restricción que sí impone la ley es que, ni los partidos políticos, ni los particulares, pueden comprar espacios para dicho efecto. Sin embargo, la insistencia de fomentar la idea de los debates ilegales, tiene una historia: la reforma a  la ley electoral en la cual el Instituto Federal Electoral (IFE) se asume como el único administrador de los tiempos oficiales del Estado.

Desde luego, eso no le viene a las televisoras, pues si algo tenían los años electorales desde la época del priismo autoritario, eran las jugosas ganancias que se cobraban por conceptos de publicidad y propaganda. Prácticamente, el ochenta por ciento del presupuesto de una campaña política, se destinaba a televisoras y radiodifusoras bajo la premisa de que las elecciones debían ganarse primero y ante todo en los medios de masas y después en la urnas.

La postura del IFE y del tribunal electoral es clara, sí se puede debatir, pero sin la existencia de contrato mercantil de por medio. No obstante, no debemos olvidar que en los medios de masas no existe la palabra “gratis”, de tal forma que lo que se le pide es prácticamente una acción contra natura. El poder fáctico en el que se han constituido las televisoras en recientes años, está sustentado precisamente en el poder económico que ejercen en otros sistemas sociales como la política, la economía, la ciencia y hasta la religión. Por ello, es insostenible pensar que las empresas mediáticas puedan ofertar sus espacios de tiempo aire para llevar a cabo debates y no recibir nada a cambio.

El interés periodístico justifica de cierta forma la validez del debate. Pero, dicho interés no cubre las necesidades (o ambiciones) económicas de las empresas que, entre más dispendios contenga el contrato, mayores serán los favores comprometidos y mejores serán los amarres políticos. Por ello, el mero interés periodístico apenas y da para que, aquellos periodistas éticos y profesionales, tengan un debate desarrollado desde la concordia, el respeto, pero sobre todo fortalezcan el marco de la exposición de ideas que los candidatos quieran hacer del conocimiento de sus posibles electores.

Lamentablemente en México la mayoría de los medios de comunicación (sobre todo radio y televisión) están sujetos a los designios que marque la empresa Televisa, pues prácticamente es quien domina las relaciones comerciales, publicitarias y la producción de contenidos que alimentan las diversas barras programáticas. Por ello, es difícil creer y acepar que el simple interés periodístico pueda sortear el apetito comercial de las empresas de medios. En ese sentido y en términos prácticos, resulta más conveniente para las televisoras, establecer una disputa abierta en contra de la autoridad electoral, denostando la ley que regula las relaciones de partidos políticos y medios de masas, y no permitir que la sociedad acepte de manera inteligente la coherencia de dicha determinación.

Siendo positivos e instrumentales, el llamado debate del debate, abre las puertas para revisar con detalle la ley electoral, obligando a que se aseen los vicios que ésta pueda tener, y por tanto, estrechar el margen de maniobra para aquellas interpretaciones fundadas en la ruindad y la mala fe. De la misma manera, esta discusión permite replantear la idea de los medios de comunicación, las concesiones, las alianzas  y sus límites de operación; pero sobre todo, revalorar el papel que juegan dentro de la vida social, ya que como sociedad, no debemos seguir permitiendo que los medios de masas respondan a intereses particulares, cuando en el fondo son medios que deberían atender el bien público.

Si bien la gratuidad es contradictoria a los lineamientos de las empresas mediáticas, la organización de debates político–electorales en medios que operen bajo una concesión pública que permita la explotación privada, no clausura el derecho que tenemos todos los mexicanos a la información y a conocer las propuestas de quienes aspiran a gobernar este país. El asunto estriba en dejar de pensar que los medios de comunicación son poderosos por sí mismos, porque en la realidad, el poder que hoy ostentan, penosamente se lo hemos otorgado nosotros los ciudadanos que de cierta forma hemos sido pasivos y sumisos a sus pillerías; cuando en la realidad, bastaría con disminuir su consumo, tanto de contenidos como de oferta publicitaria, para que se den cuenta que el verdadero poder podría estar sustentado en la acción y movilización ciudadana.

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