El silencio de Isabel Wallace

Isabel Miranda de Wallace

Por Juan José Solis Delgado

Este artículo se publicó originalmente en la columna MéxicoPolítico del portal estadounidense AOL-Noticias el 6 de marzo de 2012.

Disfrazada con unas orejas de gran tamaño y una cinta adhesiva sellando sus labios, la candidata a jefe de Gobierno de la ciudad de México por el partido acción nacional (PAN) Isabel Miranda de Wallace, recorrió algunas minúsculas calles de la delegación Iztapalapa para solicitar “sin palabas” el voto a su favor de uno de los principales bastiones de la izquierda mexicana. Su tarjeta de presentación en aquella zona de la ciudad fue: “soy todo oídos” en evidente alusión a sus grandes orejas y su silencio imperó desde entonces.

Pese a que el acto en sí mismo fue objeto de burla y provocación a la autoridad electoral, el silencio de Isabel Wallace al que quiero referirme no es el de la cinta adhesiva utilizada en Iztapalapa, sino al mutis hecho luego de que en sendos reportajes de la revista Proceso (http://bit.ly/yo3I47) se le ha señalado como responsable de haber incurrido en ilegalidades en el proceso judicial que persigue la causa penal del secuestro y homicidio de su hijo. Así como de haber negociado un lugar de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su sobrino Andrés Sánchez Miranda.

Quizá Isabel Miranda apenas lo supo: no es lo mismo el poder económico que el poder político. Si bien su familia ha sido exitosa en el negocio de anuncios panorámicos, no es lo mismo el poder que confiere el dinero, al que confieren las relaciones e influyentismo político. Sin embargo su cercanía con Felipe Calderón y el derecho de picaporte en los Pinos ganado por haber hecho el trabajo de investigación que las policías federales y de la ciudad de México no hicieron; y sobre todo, por haber legitimado con su activismo ciudadano las tropelías de la guerra contra el crimen, hicieron que Miranda de Wallace pronto conociera las mieles del poder político.

Haciendo uso de esos oficios, –lo narra Proceso– Miranda de Wallace emprendió la batalla de hacerse justicia por propia mano, llegando incluso al grado de ordenar y presenciar la tortura de quienes plagiaron y asesinaron a su hijo Hugo, un acto que a todas luces sobrepasa el Estado de derecho. Inclusive, vale la pena recordar, cuando Jacobo Tagle Dobin (principal cabecilla de la banda que plagió y asesinó a Hugo Wallace) es presentado en conferencia de medios ante la opinión pública, la propia Isabel Miranda rebasó todos los protocolos de seguridad de la procuraduría de justicia del Distrito Federal y ordenó le quitaran el chaleco antibalas al presunto secuestrador para dar fe de que no había sido torturado. Fuera de esas escenas, nunca hubo transparencia de la forma en que se obtuvieron las declaraciones de los secuestradores y asesinos.

Evidentemente, los argumentos que sostienen los dichos narrados en el reportaje de la revista Proceso serán desacreditados por el grupo de Miranda de Wallace por tratarse de declaraciones de delincuentes, olvidando que todos los individuos, aún los criminales, tienen derecho a ser escuchados y tener un debido proceso, eso ocurre habitualmente en un Estado de derecho.

Sin embargo ante esta grave acusación, lo que ha imperado es el silencio de Isabel Miranda de Wallace, quien no tropieza con la mínima intención de resarcir su honor o desmentir lo dicho en el reportaje periodístico, provocando ante la opinión pública la sospecha de que entonces la acusación podría ser cierta, lo dice el refrán: “el que calla otorga”.

Pero si eso no fuera suficiente, los hechos hablan de que Isabel Miranda no sólo le ha sacado provecho a su relación con Felipe Calderón para indemnizar la muerte de su hijo; sino también para escalar posiciones políticas. Su candidatura a jefe de gobierno es una factura cobrada que le rendirá importantes frutos, pues si bien es difícil –por no decir imposible– que logre la victoria frente a Miguel Ángel Mancera, es un hecho que su, hasta entonces desconocida ambición por el poder político, la llevará a mover las piezas de su tablero político a través de su sobrino Andrés Sánchez Miranda, quien al interior del PAN capitalino proyectan para ocupar la posición número uno en la lista de diputados plurinominales para la Asamblea Legislativa.

El poder político ha seducido de sobre manera a Miranda de Wallace que sin ser militante o adherente del PAN, se toma las libertades adquiridas por su amistad con Calderón, para entrometerse en los procesos internos del panismo nacional y opinar sin recato alguno que la designación de Fernando Larrazábal como candidato a diputado federal plurinominal es una vergüenza para el partido, como si ella no tuviera un escándalo a cuestas.

Con este hecho se entiende la razón de la intervención constante y sin límites de Miranda de Wallace y su nutrido equipo de abogados en todo tipo de tópicos que conciernen con la buena imagen de Calderón. Si algo pudiera perjudicar la legitimidad de la guerra estúpida, entonces la franquicia Alto al Secuestro de inmediato sale a defender los intereses del gobierno federal sin importar que en el camino deba fabricar culpables. Todo sea por tener una pizca de poder político… Vaya crisis la que está viviendo el PAN.

Nota al margen:

En México, las instituciones burocráticas no tienen la más mínima capacidad para desarrollar un registro público. Primero (en 1999) fue el Registro Nacional de Vehículos (RENAVE) que dirigía Ricardo Miguel Cavallo, quien luego de que cinco expresos políticos argentinos lo identificaron como Miguel Ángel Cavallo, su torturador en la dictadura militar, el RENAVE cayó estrepitosamente y nadie supo a dónde fue a parar aquella base de datos.

Lo mismo ha ocurrido recientemente con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) creado en 2009, el cual sin ningún tipo de explicación lógica o coherente, ha sido derogado por orden de Poder Legislativo.

Ésta es una prueba más de que no existe la capacidad ni la confianza para que datos confidenciales de los ciudadanos mexicanos estén en manos de las autoridades o empresas confiadas para dicho fin. Con estos dos ejemplos de incapacidad y corrupción, es tiempo de alertar al gobierno y sus instituciones burocráticas para que detenga de una vez por todas la Cédula de Identidad de Menores del Registro Nacional de Población la cuál, se crea o no, pone el riesgo la identidad de nuestros infantes.

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