La decisión de la Suprema Corte, más allá del caso Cassez

Por Juan José Solis Delgado

Este artículo se publicó originalmente en la columna MéxicoPolítico del portal estadounidense AOL-Noticias el 20 de marzo de 2012.

Este miércoles 21 de marzo del año en curso, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un tema trascendental para la vida democrática, política y judicial del país. Se trata de la discusión que se llevará acabo en la primera sala de dicha Corte donde se resolverá el amparo directo promovido por la ciudadana francesa Florence Cassez.

Más allá de lo particular que representa el caso, la decisión que tomen los cinco ministros que integran la primera sala, tendrá un impacto en muchos procesos y operaciones de la vida nacional, entre ellos, emitirá bastantes señales en materia judicial, diplomática, política, de justicia y desde luego en materia de medios de comunicación.

De entrada, en lo que refiere al impacto judicial, es un hecho que la discusión pondrá a prueba el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, dos factores clave que comenzarían por dar certeza en las decisiones de cualquier proceso judicial y protección de los derechos fundamentales de cualquier individuo.

Si la Corte favorece el hecho de que nadie –ni siquiera la propia autoridad policiaca o ministerial– pueda trasgredir el debido proceso, mandará la señal al mundo de que el Estado de derecho mexicano si bien ha cometido errores, tiene la capacidad de autocorregirse asimismo, y por tanto, establecerá las condiciones para resarcir los daños ocasionados en procesos ilegales, con el único objetivo de fortalecer el sistema de justicia.

Históricamente, el aparato judicial ha sido utilizado con intencionalidades diversas por quienes ostentan el poder político o económico, de ahí que muchas de las decisiones han estado condicionadas a intereses específicos y no necesariamente responden a fallos tomados desde el sistema del derecho. En ese sentido, hemos conocido que el castigo es para unos cuantos –aquellos que no tienen la capacidad de tener un debido proceso o sostener su inocencia– y por consecuencia, la impunidad impera en varios delitos avalados por la dominancia de la clase política y económica.

Si la Corte decide que el debido proceso no es un tecnicismo como se ha querido presentar y que en todo caso es el espíritu del propio derecho, entonces todos los mexicanos estaremos ente la certeza de que nuestros derechos fundamentales serán respetados en cualquier momento y circunstancia y ninguna recreación, montaje televisivo o cualquier cosa parecida, podrá trasgredir el debido proceso. Eso de entrada fortalecerá la confianza en el sistema de justicia.

Para que prospere el dictamen del ministro Arturo Zaldívar, se necesitan tres de cinco votos. Este escenario no es el ideal, porque si bien con este resultado Florence Cassez quedaría libre, el hecho es que la Corte no demostraría homogeneidad y congruencia en cuanto a la nociones del debido proceso y presunción de inocencia, pues dos ministros estarían diciendo que no importa que se viole la constitución, el asunto es culpar por culpar. Por eso, el mejor escenario para la Corte es una decisión de cinco a cero, porque sólo así podríamos tener la certeza de que nadie estaría por encima de la ley, y los ministerios públicos realmente se verían obligados a demostrar la culpabilidad de los presuntos delincuentes, sin viciar los procesos o fabricar culpables.

Pero quizá el impacto más importante que tendrá la resolución de la Corte será en materia política, pues luego de que se dio a conocer a la opinión pública el dictamen del ministro Zaldívar, diversas organizaciones de empeñaron en presionar a los ministros incluso tachándolos de incompetentes y parciales. De hecho, este lunes el propio Felipe Calderón desde su pulpito como jefe de Estado, mandó un mensaje intimidante a los ministros, cuasi amenazando que si la violencia continua, mucho será responsabilidad de ellos.

Evidentemente, la advertencia de Calderón no es porque los ministros de la Corte vayan a fortalecer las estructuras criminales, de hecho no hay ningún vínculo para pensar tal sandez; en todo caso se trata de que Calderón no quiere ser evidenciado como un jefe de Estado débil y en plena caída, que avaló y protegió con todos los recursos posibles a quien violó la ley con el único fin de presentar una falsa idea de éxito en materia de desmembramiento de bandas criminales. Quizá, es el miedo a la vergüenza lo que obliga al ejecutivo a dar estos tumbos sin sentido.

No obstante, no debemos olvidar el papel que jugaron las televisoras en el caso Cassez, que a la fecha no se les ha tocado ni siquiera con el pétalo de una flor por intelectuales y/o periodistas orgánicos que insisten en que el montaje no debe tener ningún efecto en este asunto. Sin embargo, el hecho de que el ministro comience su dictamen justo con el detalle del montaje televisivo, es la mejor muestra para evidenciar que el gobierno federal quiere hacer justicia en las pantallas de televisión y que las empresas de medios electrónicos se prestan dolosamente al juego, pasando por alto el derecho a la información –certero y real– que tenemos los ciudadanos.

De alguna manera, el ministro Zaldívar frena la sed de escándalo que tienen los medios de comunicación y en todo caso emplaza a la mesura, pues nadie –ni siquiera el peor criminal– puede ser juzgado primero en los medios de masas y luego en un proceso judicial. Si realmente fuera cierto que la AFI de García Luna había rescatado a las tres víctimas de secuestro aquel 9 de diciembre de 2005 y hubiere capturado a los integrantes de la banda del zodiaco, no era necesario por ningún pretexto montar el set de televisión, simplemente se hubiesen llevado a cabo las declaratorias de ley y el inicio de las indagatorias pertinentes.

Así, el caso de Cassez obliga a la reflexión de que si bien está en juego la libertad de la ciudadana francesa, también están en juego nuestros derechos fundamentales, pues es un hecho de que un Estado que no respeta el debido proceso y la presunción de inocencia, está condenado irremediablemente a la injusticia…

Nota al margen:

Lía Limón es una mujer que inició su carrera política prohijada por Acción Nacional, en esa institución política cosechó triunfos y victorias que dieron una importante batalla a la avasalladora fuerza del perredismo capitalino. Este lunes, la diputada Limón renunció al PAN por ser víctima de una “pandilla de cuatreros” que no le permitieron acceder a la candidatura de la delegación Miguel Hidalgo. La valentía que siempre le ha caracterizado le dio los arrestos necesarios para exhibir el desaseo que impera desde hace años en el corrupto y mafioso PAN de Calderón.

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