Telecomunicaciones: reforma cosmética

TC

Por Juan José Solis Delgado

Este artículo se publicó originalmente el 4 de abril de 2013, en la columna Intersticios de la revista  Razón y Palabra, Primera Revista Digital en Iberoamérica Especializada en Comunicología.

Algunos especialistas y legisladores dicen que la reforma de telecomunicaciones propuesta por Enrique Peña Nieto es histórica y cambiará el rumbo en el sector. Los principales actores de esta reforma, Carlos Slim de Telcel y Telmex y Emilio Azcárraga de Televisa, recibieron con beneplácito la iniciativa que abre las puertas a la competencia y por tanto a una mejor calidad en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; no obstante hay un dejo de sospecha que descubre ciertos timos que contiene la ley.

Básicamente, el escepticismo surge a partir del vinculo estrechísimo entre la empresa Televisa y el hoy presidente de México. Por más que se niegue la fabricación del ícono presidencial desde los sets de televisión, se sabe que Peña Nieto debe su triunfo al poder e influencia de la televisora; por ello, resulta difícil creer y aceptar que desde el terraplén constitucional se trace un camino que permita la llegada de nuevos canales de televisión (impidiendo que los actuales concesionarios sigan creciendo) con el beneficio de incursionar en un terreno simétrico de acceso a la publicidad y contenidos.

Si bien la ley de Peña Nieto pone un “freno simulado” al crecimiento de los grandes monopolios (y los poderes fácticos) con el argumento de que el Estado está en franca recuperación de la rectoría de sus funciones, no alcanza a contener la ambición de los industriales de los medios (quienes tienen poder absoluto en el mercado de la compra-venta de publicidad, lo que ocasionaría que los nuevos canales carezcan de fuerza financiera para operar con libertad y autonomía) y condiciona –como en los mejores momentos del PRI corrupto y autoritario– a que quienes se arropen con el manto protector del gobierno reciban el mejor de los tratos por ser disciplinados al régimen, mientras que el resto tendrá que sortear sus vicisitudes financieras que implican los gastos de generar contenidos propios en un sinuoso acceso al mercado publicitario.

En esas circunstancias, ¿quién estaría en condiciones de competir simétricamente con Televisa quien a lo largo de su existencia ha monopolizado la cobertura, producción de contenidos y comercialización publicitaria tanto en televisión abierta como restringida, no sólo al interior de su estructura misma sino en medios afines –como radio y prensa– que en mucho dependen de lo que genere la televisora? Si bien la ley peñista abre la puerta a nuevos competidores, éstos necesitan tener un robusto respaldo financiero que de no ser una empresa apadrinada por el magnate Carlos Slim (quien ya tiene la billetera dispuesta para brindar el servicio de televisión), difícilmente lograrán mantenerse en el mercado.

Así, la condición “histórica” de la ley que se aprobó sin obstáculos el pasado 21 de marzo por más de 400 diputados (quienes ni siquiera leyeron la iniciativa en su totalidad) y que a la fecha se encuentra en espera de dictamen por parte de los senadores de la República, propone una serie de cambios de forma pero no de fondo, como la fundación de dos nuevas cadenas de televisión con limitado margen de maniobra y acceso publicitario; la trasformación de la Cofetel en un Instituto Federal de Telecomunicaciones con una supuesta autonomía que permitirá la asignación, refrendo o revocación de las concesiones de radio y televisión sin la intervención de la figura presidencial, así como de tener la facultad de fijar (sin decir precisamente cómo) la dominancia en el sector, pudiendo eventualmente, desincorporar los respectivos activos en aquellas empresas dominantes.

La reforma de telecomunicaciones entonces, cacareada insulsamente por los integrantes del Pacto por México, tiene más el carácter de mensajes cifrados, particularmente dirigidos a las empresas de Carlos Slim y de refilón a su socio comercial MVS, que una verdadera reforma constitucional que beneficie a los ciudadanos.

Por ejemplo, se permitirá la inversión extranjera al 49% en radiodifusión (por lo que será interesante revisar el caso de WRadio y PRISA), mientras que para mermar a Slim se abrirá al 100% la inversión extranjera en el sector telecomunicaciones (es decir telefonía móvil y fija) y acceso masivo a Internet, olvidando el proyecto de la creación de un consorcio que brindaría “banda ancha móvil para todos” (en la banda 2.5 Ghz.) propuesto por MVS en abril de 2011.

Mientras Peña Nieto, legisladores involucrados, partidos políticos  y algunos especialistas insisten en afirmar que la reforma es histórica y monumental en tanto modificará sustancialmente diversos artículos de la Constitución, lo cierto es que sus alcances se observan de corta magnitud y con beneficios para unos cuántos, y en todo caso se percibe que una vez más quienes se quedan en estado de indefensión son los usuarios de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, quienes debieron ser la razón primera y última de la reforma.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s