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Da nuevo giro caso Wallace

Fuente: Proceso

Autor: Anabel Hernández

el 31 de mayo 2014

Portada Revista Proceso

Portada Revista Proceso

Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura…

Esos habían sido, sobre todo, los factores implicados en el expediente judicial abierto por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda hasta que, nueve años después de que éste desapareció, en los últimos días el caso ha dado un vuelco debido a nueva información que pone en duda incluso su muerte.

En el momento en que se fecha el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, el 11 de julio de 2005, tenía otra acta de nacimiento. De acuerdo con ese documento oficial, cuya copia certificada fue obtenida por Proceso, su nombre es Hugo Alberto Miranda Torres y nació el 12 de octubre de 1969 en el Distrito Federal. En 1975 la misma persona obtuvo otra acta de nacimiento con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda.

Según los registros oficiales de la Consejería Jurídica del Gobierno del DF y de la Segob, la primera acta de Hugo Alberto es auténtica y fue presentada por el interesado para obtener la CURP el 24 de febrero de 2010, es decir, casi cinco años después de su supuesto homicidio.

El acta recién descubierta fue ingresada por la acusada Brenda Quevedo Cruz ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Primer Circuito el 14 de mayo pasado, día en que se cerraba el plazo para entregar pruebas en su defensa dentro la causa penal 35/2006-II.

Desde el principio el caso Wallace ha sido un enigma, no despejado ni con las confesiones de quienes se supone participaron en su secuestro y asesinato.

 

La llamada

El 12 de julio de 2005 María Isabel Miranda Torres, luego de no tener noticia de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, descubrió en unas cuantas horas, al encontrar su camioneta Cherokee en una calle de la colonia Extremadura Insurgentes en la Ciudad de México, que la noche anterior su hijo había sido secuestrado, asesinado y descuartizado con una sierra eléctrica en el diminuto baño de un departamento ubicado en Perugino número 6, a unas cuadras de donde estaba el vehículo, e inmediatamente supo el nombre de uno de los responsables, según ha dicho ella misma.

En su declaración ministerial, quien también se autodenomina María Isabel Miranda de Wallace expuso que su versión proviene de un transeúnte que nunca ha sido identificado por su nombre ni citado a declarar, así como de un niño que vivía en el edificio de Perugino, quien habría asegurado a ella y a su hermano Roberto Miranda que la noche del 11 de julio escuchó disparos y vio cómo bajaban por la escalera un cuerpo ensangrentado.

La señora Miranda de Wallace refiere que después de descubrirlo todo recibió una fotografía donde su hijo aparecía desnudo y le pedían un rescate. Ella dio los nombres de los supuestos responsables, se adjudica la captura de cuatro de ellos y desde 2005 sostiene que su hijo está muerto.

Pero conforme a los testimonios que constan en la causa penal 32/2006-II, el único niño del edificio, Erik Figueroa, declaró que ni siquiera durmió ahí el 11 de julio, sino en casa de su abuela, y que el único diálogo que tuvo con unas personas el 12 de julio fue cuando le preguntaron por una mujer que él no conocía.

A petición de la señora Miranda de Wallace, el mismo 12 de julio la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal hizo una primera inspección en el lugar, pero no encontró allí ninguna prueba ni indicios sobre los hechos.

El 13 de julio la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se presentó en el mismo departamento, pero tampoco halló ni un solo rastro. En el reducido baño donde presuntamente habría sido descuartizado Hugo Alberto con una sierra eléctrica no había rastros de sangre. La regadera tenía un tendedero donde colgaba la ropa de Juana Hilda González, quien vivía en el inmueble.

Concluida la revisión, el departamento no fue protegido ni asegurado como escena de un crimen, y la administradora lo rentó a una persona llamada Rodrigo de Alba Martínez, quien nunca lo ocupó.

En las primeras declaraciones, a las que se confiere una mayor confiabilidad, los habitantes del edificio afirmaron que no escucharon la noche del 11 de julio ningún ruido ni vieron movimientos extraños.

Asimismo en el expediente de la averiguación previa abierta por la PGR hay constancia de que una tarjeta de crédito de Hugo Alberto Wallace Miranda fue usada el 20 de julio de 2005, con cargos que superaron los 12 mil pesos, incluyendo una comida en el restaurante Los Arcos por más de 3 mil pesos y compras en Liverpool de Perisur; pero ni la PGR ni la madre de la presunta víctima pidieron los videos que pudieron registrar quién usó la tarjeta. Tampoco se siguió esa línea de investigación.

El 22 de julio de 2005 José Enrique Wallace Díaz, esposo de María Isabel Miranda, declaró a las autoridades -según consta en el expediente- que no tenían noticias de Hugo Alberto y que nadie había pedido un rescate. “Quiero decir que probablemente lo que ocurrió a mi hijo fue una desaparición, ya que no puedo decir que se trate de un secuestro”. La última declaración rendida por él hasta ahora ocurrió el 23 de septiembre de ese mismo año, cuando pidió a las autoridades no investigar más.

Desde entonces Wallace Díaz no se ha vuelto a presentar a declarar en el caso pese a los múltiples citatorios del juzgado y a los edictos publicados.

El 1 de noviembre de 2005, de acuerdo con el expediente de la causa penal, del celular de Hugo Alberto, que no había sido cancelado, entró una llamada al teléfono 55-54-56-30-24 y un hombre dejó este mensaje:

“Qué onda. Mira, ando hasta la madre, güey; ya sé que te fallé, pero me vale verga. ¿Qué? Aquí, puto… Qué onda, güey. Mírame, aquí pisteando, güey. ¿Sabes qué, güey, sabes quién me jugó…?”

Cuatro personas relacionadas con Hugo Alberto aseguraron a la PGR que la voz era de él: Vanessa Bárcenas Díaz, su ex novia; Carlos Colorado Martínez, Rodolfo Munguía e Isabel Neri Lujano. Pero la PGR nunca siguió esa línea de investigación.

 

Problemas con la justicia

Hugo Alberto tenía antecedentes penales, y aunque públicamente su madre ha intentado desvirtuar ese hecho, el Gobierno de México tuvo que reconocerlo dentro del expediente de extradición de Brenda Quevedo Cruz 1:08-MC-00085, radicado en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, Estados Unidos.

Allí la AFI informó en el oficio DGRP/DAMJ/7988/2008 que en sus sistemas localizaron un antecedente de orden de reaprehensión contra Hugo Alberto librada por el juez decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales del DF dentro de la causa penal 196/2001, “en virtud de que en sentencia definitiva se declaró que era penalmente responsable en la comisión del delito de contrabando, condenándolo a tres meses de prisión”, señala el documento.

En junio de 2004 la orden de aprehensión fue cancelada porque el juez sustituyó la pena de cárcel por una multa de 14 mil 665 pesos.

El 15 de noviembre de 2005 Vanesa Bárcenas Díaz, exnovia de Hugo Alberto, declaró que éste le había manifestado que tenía problemas legales. “Me dijo que en una ocasión lo buscaron para detenerlo supuestamente por dedicarse al narcotráfico, pero él adujo que en realidad era por la ropa que le enviaban, no sabía de dónde, y porque las personas que se la mandaban algo habían hecho. Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del País”, señaló Vanesa.

 

Las dos actas

Con cada una de las actas de Hugo Alberto Wallace Miranda, una fechada en 1970 y otra en 1975, obtuvo constancias de la CURP, expedidas por la Segob.

El acta de nacimiento número 1, cuya autenticidad fue corroborada en archivos del Gobierno del DF, se expidió el 15 de enero de 1970 en la delegación Milpa Alta, Juzgado 8 (libro 1, número de acta 27), bajo el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969 en el “Sanatorio Tuxpan” del DF.

Como su padre quedó registrado Jacinto Miranda y como su madre Isabel Torres, de 31 y 21 años de edad, respectivamente.

Como abuelos paternos figuran Luis Miranda y Consuelo Jáimez, y como abuelos maternos, Alfredo Torres y Mónica Romero.

El acta de nacimiento número 2, que ha sido presentada por la madre de Hugo Alberto en el caso de su supuesto secuestro y homicidio, fue expedida el 19 de noviembre de 1975 en Texcoco, Estado de México (libro 12, acta 2371), y allí quedó asentado el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien según el documento nació el 12 de octubre de 1969 en Coatlinchan, Texcoco, Estado de México.

En calidad de padres fueron identificados José Enrique Wallace Díaz y María Isabel Miranda Torres, de 37 y 24 años, respectivamente.

Los abuelos paternos serían Arturo Wallace Ramírez y María Luisa Díaz Solórzano, y los maternos, Fausto Miranda Romero y Mónica Torres de Miranda.

Del análisis del contenido de las actas de nacimiento 1 y 2 se desprende que entre ambas hay cambios en los nombres o apellidos del registrado, de su padre, de su madre y sus abuelos.

Igualmente, usando el acta 1, Hugo Alberto tramitó la inscripción de la CURP el 24 de febrero de 2010, casi cinco años después de su presunta muerte.

En la cédula obtenida directamente en la Segob hay dos leyendas inscritas: la primera: “Existe una posible inconsistencia en esta CURP, verifíquela y en caso de ser necesario acuda a un módulo”.

Y la segunda: “CURP certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil”.

Con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda y su acta de nacimiento se había tramitado la inscripción de otra CURP el 13 de septiembre de 1999.

Por si fuera poco, Hugo Alberto nació en tres lugares diferentes, de acuerdo con sus dos actas de nacimiento y una declaración de su madre: el “Sanatorio Tuxpan”, del DF (acta 1); “Coatlinchan, Texcoco” (acta 2), y hospital Dalinde, de la colonia Roma de la Ciudad de México (entrevista con Isabel Miranda publicada en el portal Animal Político el 8 de diciembre de 2010).

Además, en declaraciones a los medios Isabel Miranda ha dicho que el nombre de su madre es Mónica Torres Jáimez, pero resulta que el apellido Jáimez es el que, en el acta de nacimiento 1, corresponde a la abuela paterna de Hugo Alberto.

 

La “prueba” de ADN

El acta de nacimiento descubierta no sólo pone en cuestión la muerte de Hugo Alberto, sino también la prueba de ADN que la PGR dio por buena para afirmar que el secuestro y el homicidio ocurrieron y que ha servido para dictar condenas que van de 78 a 131 años de prisión a César Freyre, Juana Hilda González y los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, a quienes, junto con Jacobo Tagle y Quevedo Cruz, se responsabiliza de haber cometido ambos delitos.

Hasta ahora, pese a las supuestas confesiones de Freyre, González y Tagle –quienes aseguran que las mismas fueron obtenidas mediante tortura–, no se han podido localizar los restos de Hugo.

La única prueba pericial obtenida en los nueve años del presunto homicidio apareció seis meses después del suceso en el departamento de Perugino 6, y luego de que durante meses el inmueble no fue custodiado.

En la nueva revisión hecha por la SIEDO se encontró una gota de sangre en el baño y una licencia de conducir vencida de Hugo Alberto, aunque él tenía otra con vigencia indefinida que hasta la fecha no ha aparecido.

La gota de sangre fue comparada con muestras de ADN de Isabel Miranda y de Enrique Wallace, quien aparece como padre de Hugo Alberto en el acta de nacimiento 2. La muestra coincidió, pero pese a que los peritos de la PGR primero dijeron que tenía cromosomas XX, es decir, de mujer, en una audiencia realizada en julio de 2006 en el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del DF la perito planteó que había sido un error de dedo y que se trataba de cromosomas XY, es decir, de hombre.

Dado que la pareja Wallace-Miranda tiene una hija, la defensa de los inculpados pidió una nueva prueba, pero la muestra de la única gota de sangre encontrada ya no existía. La PGR dio por cierto el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda con esa prueba de ADN, pero si el padre biológico no se apellida Wallace sino Miranda, como indica el acta de nacimiento 1 de Hugo Alberto, la historia sería muy distinta.

Una vez ingresada el acta de nacimiento descubierta, el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales deberá desahogar la prueba conforme a derecho y encontrar la verdad y transparencia en el turbio caso.

Fuentes consultadas por Proceso informaron que, luego de que Quevedo presentó el acta como prueba, se intentó tener acceso directo al libro del Registro Civil de la Ciudad de México donde se encuentra, pero se dijo que el libro fue llevado a un juzgado. Dicha acta se considera fundamental, y tanto en el Registro Civil como en la Segob hay documentos que la respaldan, de modo que, se ha advertido, no podría perderse.

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“¿Quién vendió la cabeza del Chapo, rey de los narcos?”

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Por Roberto Saviano

La Reppublica, Italia.- ¿Por qué deberíamos prestarle nuestra máxima atención a un líder de un cártel mexicano arrestado? Porque cuenta con más de un ministro y tal vez con más de un gobierno. La economía italiana más prolífica es la criminal, el capítulo más importante de esta economía es el narcotráfico, el capo mexicano arrestado hace un par de días es un líder en el tráfico de cocaína también en Europa, y por lo tanto es asimismo un líder de la economía italiana. Un sencillo silogismo. Muchos creen que conocen al Chapo. Lo imaginan como uno de tantos líderes criminales. E incluso en él opera el mecanismo mental habitual de creerse un criminal, un narcotraficante. Falso. En realidad lo que se sabe, si no se profundiza, si no se siguen los detalles, es sólo una puesta en escena. Los gobiernos europeos insisten en no ocuparse de los cárteles mexicanos hasta que —como ya está ocurriendo— sean los cárteles mexicanos los que se ocupen de Europa.

El Chapo, es decir “el bajito”, llamado así porque es de pequeña estatura y rechoncho, es el líder del Cártel de Sinaloa, el grupo criminal-industrial mexicano que ha revolucionado el líder de la cocaína. El segundo al mando es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

Lo sigo desde hace años, guardo noticia sobre él, escucho lo que dicen sobre él los periodistas mexicanos y estadounidenses, trato de entender los acontecimientos, las fugas, las debilidades. El Chapo se ha formado en la escuela de los mejores maestros, el Padrino Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que trastocó los ejes mundiales del narcotráfico desde Colombia a México: los esfuerzos antidrogas de las autoridades colombianas, con el apoyo de Estados Unidos durante la era de Reagan, le dieron un duro golpe a los cárteles colombianos de Medellín y de Cali. Los colombianos, arrinconados, entendieron que era más conveniente confiar la distribución de la droga en EU a los narcos mexicanos —que hasta ahora eran meros medios de transporte— para reducir los riesgos que implicaba la entrega en Estados Unidos. Pero el que manda es el que distribuye, no el que produce. Así, los mexicanos se volvieron los nuevos padrinos mundiales de la droga, y el Chapo Guzmán fue pronto el más poderoso de los padrinos.

El Chapo tiene una visión clara de su tiempo: el mundo occidental no la hace, sus derechos están en contradicción con el mercado, y por ello comprendió que los países occidentales necesitan “territorios” sin leyes, sin derechos. México tiene la coca, Estados Unidos los consumidores; México tiene mano de obra a bajo costo, Estados Unidos la necesitan; México tiene miles de soldados, Estados Unidos tiene las armas. ¿El mundo está lleno de infelicidad? Aquí llega la respuesta: la coca. El Chapo lo entendió. Y así fue como se volvió rey. En el mundo internacional del narcotráfico el Chapo posee la autoridad mística del papa, que obtuvo con una campaña de consenso social que le ha dado autoridad, como a Obama, y tuvo la genialidad de ver nuevos espacios de mercado que lo transformaron en el Steve Jobs de la cocaína. Hipérboles que nos sirven para mostrar lo particular de su personalidad.

El Chapo sabe una cosa: la democracia es corrupción, y quien piensa lo contrario es un ingenuo. Todos son corruptibles; sólo es necesario encontrar el punto de inflexión. Paga y se te dará. En los países donde hay poca corrupción esto es posible porque resulta más conveniente la honestidad que la deshonestidad, pero el Chapo sabe que también allí llegará el momento en que todo esté en venta, hasta el alma y su propio hijo. Todo. Para estructurar su cártel emplea el modelo italiano, el modelo más eficiente del mundo en tema de mafia. Según la tradición de las familias calabresas, campañesas y sicilianas crea un grupo que confió a sus parientes o a gente de la sierra a quien conoce bien. Nombra un “consejero”, recluta sicarios entre los ex militares capaces de usar armas pesadas: seriedad, profesionalismo, eficiencia. Estas son las características que se piden para trabajar en la organización del Chapo. También que seguir algunas reglas: nunca usar la violencia si no es necesaria y jamás ostentar la riqueza ganada, algo muy contraproducente. Siempre lo repetía el Padrino: para dominar hay que hacerlo desde las sombras. Y de hecho el Chapo permanece en las sombras y desde allí gobierna un imperio que crece en forma desmesurada. Viaja de incógnito. La gente empieza a contar que lo ha reconocido, pero es una vez en un millón. Mientras las mafias italianas comienzan a ser arrinconadas por las escuchas, el Chapo, que disfruta de la crisis económica, llegó a corromper al gerente de las compañías telefónicas para conseguir que las líneas que usaba en su cártel fueran imposbiles de rastrear. Para transportar la droga a EStados Unidos el Chapo y sus hombre emplean todos los medios disponibles: aviones, camiones, automóviles, cisternas y finalmente túneles subterráneos, su especialidad.

Su captura fue seguida en México con una emoción similar a la de una final del Mundial, y superior a la de una campaña electoral presidencial. El narco más buscado del mundo fue capturado, en compañía de uno de sus colaboradores, a las 6:40 hora local del 22 de febrero de 2014 en el hotel residencial Miramar, en el centro de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, gracias a una megaoperación que llevó a cabo la Marina militar mexicana en colaboración con la DEA estadounidenses, en la cual se emplearon dos helicópetros y seis unidades terrestres de artillería, pero donde no se disparó una sola bala. El criminal fugado más peligroso de México, el hombre por cuya cabeza Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares, se escondía en Sinaloa. Como los jefes italianos, un capo mexicano no se aleja del centro de su poder. Tal vez, en 13 años como prófugo, desde que se evadió de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, no se ha movido de allí, de esa tierra que le dio grandeza y le ofreció protección. Todo nace allí, en Sinaloa, en la región noroccidental de México pero su imperio se prolonga mucho más allá de este estado atrapado entre la sierra y el Pacífico. En 2009 la revista Forbes lo incluyó en la lista de los hombres más ricos del mundo. El Chapo tenía inversiones exclusivamente financieras, porque como todos los jefes de la mafia del mundo confía en “las posesiones”: casa, fábricas, terrenos. Y sobre todo usaba su dinero para alimentar una red de corrupción, indispensable para conducir sus asuntos tranquilamente. Tan tranquilamente que durante los primeros años de la década del 90 la DEA apenas conocía sobre su existencia. Y sin embargo, la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, la mayor parte de las sustancias que los estadounidenses han fumado, inhalado y tragado durante los últimos 25 años han pasado por las manos de sus hombres.

La operación militar encargada de su capturas se puso en marcha el 13 de febrero: las fuerzas del orden consiguieron identificar varias casas en Culiacán, su fortaleza, donde el Chapo solía dormir. Él siempre fue un maestro para construir túneles para hacer llegar la droga a Estados Unidos, y esta habilidad le resultó útil también para esconderse: algunas de esas casas de hecho estaban unidas entre sí por túneles subterráneo. Parece que durante varios días los militares estuvieron a punto de atrapar al jefe, pero éste siempre consiguió escapar. En los últimos meses varios miembros del cártel de Sinaloa fueron arrestados: así de estrecho era el cerco al Chapo. A principios de la semana la policía efectuó una incursión en la casa de su ex mujer, Griselda López, donde encontró algunas armas y un túnel que iba a dar al drenaje. Eran los drenaje los caminos que el Chapo usaba para viajar de un lugar a otro de la ciudad, de túnel en túnel, de escondite en escondite.

Los que ha dejado a todos soprendidos es que el Chapo fuera sorprendido en una residencia de Mazatlán, es decir una ciudad, un puerto turísitico: no estaba escondido entre las montañas de la sierra, como muchos creían. Durante años aparecieron noticias de arrestos falsos o de un posible asesinato. Por eso el día del arresto nadie podía creer que de verdad hubiera ocurrido. En Twitter circulaban miles de mensajes: “¿De verdad será él?”. Muchos no ocultaron su desilusión y su simpatía por el líder de Sinaloa, y muchos de estos mensajes estaban en inglés. Por ejemplo, se creó el hashtag #FreeChapo, liberen al Chapo. Estos mensajes nos hablan más sobre el estado real del mundo actual que muchos artículos y reuniones políticas. Todos piensan que el Chapo logrará seguir dando órdenes desde su celda. La última vez que fue capturado, en 1993, se le transfirió a la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande (en el estado de Jalisco), que se transformó lentamente en su nueva base de operaciones, desde la que siguió dirigiendo sus asunto, mimado por sus compañeros de detención, los cocineros, los guardias de la cárcel y las prostitutas que lo visitaban con regularidad. En conjunto, para él no estaba mal “pasarla” en Puente Grande. Ocho años después, sin embargo, el Chapo ya no podía permitirse pasar más tiempo tras las rejas: la Corte suprema había aprobado una ley que facilitaba la extradición de mexicanos con cargos pendientes en las fronteras a cárceles estadounidenses. Su transferencia a una cárcel de Estados Unidos habría significado el fin.

Así que el Chapo eligió la tarde del 19 de enero de 2001. Uno de los guardias de la cárcel, Francisco Camberos Rivera, apodado ‘El Chito” abrió la celda del líder del cártel de Sinaloa y lo ayudó a acomodarse en el carrito de la lavandería, lleno de trapos sucios. Lo condujo por corredores desatendidos y por puertas electrónicas abiertas de par en par, hasta que llegó al estacionamiento interno de la cárcel, donde había un solo hombre de guarida. Como en las mejores películas de acción estadounidenses, el Chapo salió del carrito y se introdujo en la cajuela de una Chevrolet Monte Carlo. El Chito lo arrancó y lo condujo hacia la libertad. El Chapo había pagado su fuga a punta de billetes dentro de la cárcel, pero gracias a esta fuga hollywoodense se convirtió en un héroe, una leyenda. Sólo había pagado 8 años de los 20 a los que había sido condenado, y ese día se convirtió en uno de los hombres más buscados, y no sólo de México.

La confirmación de la captura del Chapo fue casi tan emocionante como la captura misma. Al principio sólo se trataba de algunas indiscreciones no confirmadas: la noticia la difundió a las 9:54 la agencia Associated Press, que había recibido la primicia del arresto de un funcionario estadounidense que permaneció en el anonimato. Pero las autoridades mexicanas no la confirmaron por horas. Mientras tanto, las voces sobre el arresto del Chapo comenzaron a dispersarse por sitios de todo el mundo. Una conferencia d prensa anunciada por las autoridades mexicana para las 11:30, hora local, fue anulada por el secretario de Gobernación, cosa que llevó a pensar que la persona arrestada no era de verdad el Chapo. Pero comenzó a circular la foto de un hombre con el torso desnudo, con bigote, conducido por un militar vestido de camuflaje. Sí se parece a él, pero ya pasaron 13 años desde la última foto oficial, y tal vez se trate de alguien que sólo se parece. La espera de la confirmación de la captura del Chapo provoca que todos mantengan la respiración. A las 12:08 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anuncia una nueva conferencia de prensa para las 13:00. ¿Desmentirán o confirmarán? Las dudas se despejan cuando a las 12:33 las autoridades mexicanas confirman a CNN la captura del Chapo. A las 13:20 su foto desaparece de la lista de más buscados de la DEA. Es la confirmación de Estados Unidos. Se adelanta unos minutos a la mexicana, que ofrece el presidente Enrique Peña Nieto, que con un tweet expresa su gratitud por el trabajo de las fuerzas de seguridad. En realidad es una autocelebración por el golpe más importante de inicios de su mandato. A las 14:04 un helicóptero de la policía federal aterriza frente a los periodistas reunidos en el hangar de la Marina. En una conferencia de prensa las autoridades ratifican lo que ya todo mundo sabe: el Chapo ha sido capturado. Explican dónde y cómo se produjo el arresto. El procurdor general de la república hace una lista de las personas arrestadas y de los bienes incautados: 13 personas, 97 armas largas, 36 armas cortas, dos lanzagranadas, 43 vehículos, 16 casas y 4 fábricas.

Pero falta sólo un detalle: el protagonista. Y aquí, a las 14:11, hace su entrada en escena: los fotógrafos le inmortalizan al cruzar la plaza para llegar en un helicóptero de la Policía Federal. Negros jeans, camisa blanca, el pelo y el bigote bien recortado. Parece un poco cansado y no se ve en absoluto arrogante, mientras los soldados de la Marina de guerra, de camuflaje, le sujetaban por los brazos, él bajó la cabeza.

No se hace ninguna presentación a los medios, sólo estas pocas imágenes para confirmar el arresto. A las 15:00 se da la noticia de que El Chapo se ha ingresado al penal del Altiplano, la cárcel que se encuentre en Almoloya de Juárez, en el Estados de México, pero no se puede excluir una inminente extradición a Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses ya anunciaron que la solicitarán. Es lo que más temen los narcos.

Aquel que usa túneles para pasar coca y seres humanos a Estados Unidos tiene dos hijas con un pasaporte estadounidense en regla. En agosto de 2011 la joven Emma, ciudadana americana, dio a luz a dos gemelos que nacieron con toda tranquilidad en una clínica de Lancaster (cerca de Los Ángeles), seguida por la policía antidrogas que no podía hacer nada porque sobre la joven, en ese entonces de 22 años, no pesaban cargos. Estaba acompañada por los hombres del Chapo. Como única precaución, la joven dejó en blanco el nombre del padre sobre el acta de nacimiento de las niñas. Pero todos saben quién es. La crónica de la captura del Chapo es un acontecimiento que México recordará para siempre. Para el país, y no sólo para él, esta captura puede significar un cambio de época. No sólo porque la captura del chapo podría hacer esperar el inicio de una nueva época en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, sino porque seguramente señala el fin de una época: la de los padrinos, la aristocracia del narcotráfico, de los cárteles basados —como la mafia italiana— en valores como el honor y la lealtad frente a sus miembros. Tal vez el Chapo es el último heredero de la vieja generación de narcos, que ahora abre paso a la nueva, la del “narco 2.0”, de la violencia abusada y ostentada, tanto en la calle como en internet; el narcotráfico de los jefes que no duran más que unos meses, eliminados después por rencillas internas o por su propia arrogancia.

Tras la tan esperada confirmación, junto a los mensajes de alegría de las autoridades mexicanas y estadounidenses, sobre las redes sociales también aparecieron mensajes de personas comunes que veían al Chapo como un héroe, un benefactor, un dios mexicano. La reacción más difundida fue la incredulidad “El Chapo es demasiado listo para dejarse atrapar”. También yo creo que es imposbile que el poder del Chapo, en un momento en que tiene tanta fuerza, pueda ser bloqueado por su arresto. Hay muchas hipótesis; tal vez decidió que era buen momento para dejarse capturar porque intuyó que es el único modo de que el cártel siga haciendo negocios, pues ahora es demasiado “relevante políticamente”. O tal vez entendió que estaba por romperse un feudo: su fiel El Mayo había soltado —según algunas indiscreciones— una extraña declaración de inacción, afirmando que las nuevas generaciones del cártel de Sinaloa estaban a punto de tomar el poder. Es como decir: o les dejamos espacio o ellos se lo apropiarán. Tal vez que el Chapo se haya dejado capturar es una forma de hacerse a un lado sin que lo mataran. O tal vez es más simple y su gente lo vendió. El Mayo (que últimamente ha perdido a mucha gente) temía ser asesinado, se decía en voz baja. Algunos sostienen que el Chapo quería hacerlo arrestar para tener menos presiones sobre él, pero el Mayo se le adelantó. Los periodistas se esperaban la captura del Mayo, y en cambio llegó el Chapo. La única certidumbre es la ambigüedad. Resulta difícil cree que este arresto sólo sea fruto de una acción policiaca, porque, todos lo saben, en Sinaloa no sucede nada si no lo quiere el Chapo. El rey ha muerto, viva el rey.

(Artículo publicado originalmente en La Reppublica/ traducción de Maya Miret)

MéxicoPolítico: Michoacán férvido

Mexico VigilantesPor Juan José Solis Delgado

Este artículo se publicó originalmente en la columna MéxicoPolítico en la edición Voces del The Huffington Post el 23 de enero de 2014.

Michoacán vive la peor crisis de violencia en su historia, no hay duda de ello. El conflicto que hoy tiene aquella región de los antiguos purépechas en un escalofriante guerra civil parece no tener solución. El Estado de derecho fue fulminado primero por los cárteles del crimen organizado y posteriormente por un plumazo presidencial que aniquiló el endeble gobierno de Fausto Vallejo, quien actualmente es una simple pieza decorativa en el estado.

Por su ubicación geográfica, el estado de Michoacán es una zona estratégica para el desarrollo de todo tipo de comercio e industria, incluido desde luego el narcotráfico. El limón y el aguacate son el llamado oro verde de la región; pero también hay que reconocer que desde hace años existe la siembra de drogas. Por ello, los cárteles de Jalisco y la otrora Familia michoacana se asentaron en esa región para desde ahí operar su industria del crimen.

No obstante, debido al poder que se enquistó en los grupos criminales, éstos comenzaron a crecer y por tanto se vieron en la imperiosa necesidad de disputarse la plaza. Así, la noche del 15 de septiembre de 2008 fuimos testigos de las explosiones por granadas en la explanada central de la ciudad de Morelia, el mensaje era claro: alguien debía quedarse con la plaza. El triunfo lo tuvo la Familia michoacana, y al tiempo ésta comenzó a fragmentarse hasta convertirse en la organización que hoy se identifica como los Caballeros Templarios.

Pero la historia no comienza ahí. Hablar del Michoacán de las últimas décadas implica hablar de la familia Cárdenas. Aún conservo en la memoria un evento en el cual campesinos de la tierra caliente se acercaron al ingeniero Cárdenas para pedirle interviniera ante algunos caciques de la región para que nos les cobrarán cuotas a los agricultores por sacar sus productos del campo al mercado. Todo iba bien, el ingeniero sentado en su gran escritorio escuchaba con atención y empatía, hasta el momento en que sin más lanzó la siguiente pregunta: ¿si intervengo cuánto me va a tocar?… Para muchos, aquella pregunta fue un balde de agua helada, pues nadie se esperaba que un personaje de la talla del ingeniero fuera actuar de esa manera.

Pero así fue desde aquel entonces la vida en Michoacán. Pulularon los caciques y guardias blancas por todo el estado, prohijados siempre por los gobiernos cardenistas. Por ello, no debe causarnos sorpresa que los Templarios y antes la Familia michoacana, hayan instrumentado una maquinaria tan compleja capaz, de controlar la economía del estado, de cierta manera, la mesa estaba servida. Y por ello, tampoco debe asombrarnos el hartazgo de los pobladores que se vieron obligados a organizarse en grupos de autodefensa.

Sin embargo, no debemos caer en la falsedad del axioma “el fin justifica los medios”. Si bien la percepción es que las autodefensas son la única opción para restablecer el orden en el estado, ya que el gobierno es incapaz de dar una solución, éstas se desempeñan al margen de la ley, y así como hoy combaten a los grupos criminales, mañana podrían combatir a las propias instituciones. Empero el conflicto no da para desarmar en este momento a las autodefensas (aunque así lo haya anunciado el secretario Osorio Chong), sino en todo caso, es urgente que el gobierno federal diseñe un plan político que contenga las etapas de recuperación del Estado de derecho, por ejemplo: primero, atrapar y encarcelar a los criminales y posteriormente integrar a las autodefensas al sistema de seguridad.

En ese sentido, el desafío del gobierno federal y de la sociedad misma, será borrar los registros de esa adrenalina que sienten los actuales combatientes, para una vez concluido el conflicto (si es que eso ocurre), puedan reincorporarse a su trabajo en el campo o a cualquier otra actividad licita que no implique la responsabilidad de traer colgada un arma y establecer la justicia por propia mano.

Nota al margen:

El jueves 5 de diciembre del 2013, falleció Nelson Mandela. Muchos reportajes periodísticos y documentos se publicaron en torno a su vida y trayectoria como activista, prisionero político y luego como presidente de su nación. En particular destaco el libro que con excepcional maestría escribió el periodista John Carlin, La sonrisa de Mandela, editado por el sello Debate del grupo editorial Penguin Random House. Este texto nos permite conocer con detalle la calidad, liderazgo y el legado que deja Mandela al mundo. El autor dibuja con trazos finos el retrato de un hombre excepcional que demostró que se podía ser un político hábil y extraordinariamente efectivo, pero al mismo tiempo y sobre todo un ser humano decente. No dejen de leerlo.

El carro completo puede liquidar la democracia mexicana

tumblr_m9tc788Php1rpc6qlo1_500Por Juan Federico Arriola (Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana)

El límite de mi lenguaje, es el límite de mi mundo.
Ludwig Wittgenstein

El martes pasado el respetado columnista de El Universal Jorge Chabat también aludió al término neosalinismo -que empleé en mi artículo de hace dos semanas en EL FINANCIERO-, y con esto quiero decir que empieza a concebirse al gobierno de Peña como una réplica del patético sexenio de Carlos Salinas de Gortari, no sólo por sus usos y operadores, sino por su siniestra y equivocada visión de la democracia. La Secretaría de Desarrollo Social, inventada por Salinas en 1992, no tenía como propósito aliviar las cargas de la pobreza -aumentada sexenio tras sexenio por los gobiernos priistas, el gobierno sahagunista de Fox y el gobierno panista aunque sin doctrina de Gómez Morín de Calderón-, sino mantenerse en el poder. No hay que olvidar aquella frase de que los tecnócratas priistas estarían 24 años seguidos después de 1994.

La demagogia galopa por toda la República. Se habla sin cesar de compromisos por México, por el pueblo, etcétera, y se siguen tolerando prácticas corruptas y, por cierto, no sólo de agentes priistas. En esto, todos los partidos políticos y gobiernos emanados de ellos son iguales. En el DF, el pésimo jefe delegacional de Coyoacán no es tocado ni con el pétalo de una rosa por Mancera y asociados.

Doña Diabla está en la cárcel por varios delitos que merecen privación de la libertad. ¿Esto ya resolvió el tema de la corrupción en el sindicato de trabajadores de la educación? Evidentemente no. El presidente Peña dice estar muy afligido por la pobreza y el hambre que imperan en México, pero su gobierno tiembla ante las oficinas del jeque Romero Deschamps, quien no podrá explicar -como no pudo en su momento Arturo Durazo, terrible jefe policiaco en la era de López Portillo- su enorme fortuna si él es un humilde trabajador petrolero. Cada vez que acudo a una gasolinera del país y me entero de un nuevo incremento del combustible, primero me acuerdo de Romero Deschamps y sus protectores, y después pienso que la impunidad está blindada y que detona más excesos, más actividades delictivas. Los verbos blindar y detonar son los favoritos del presidente Peña y los utiliza en cada sesión oratoria.

El gobierno de Peña, como en el de sus seis antecesores directos, ha sido incapaz de proteger a periodistas, columnistas, redactores, impresores, empresarios, comerciantes de la criminalidad organizada narcos, secuestradores, extorsionadores y del vandalismo que se esconde en el derecho de protesta. ¿Para qué fueron electas las autoridades entonces? No es represión el uso de la fuerza del Estado en caso necesario. Hay que releer a Max Weber.

Es necesario vacunar al gobierno actual contra el virus de la represión diazordacista, del virus del populismo de Echeverría, del virus del influyentismo de López Portillo y del virus de la soberbia salinista. Si los críticos del poder corremos peligro por externar lo que legítimamente consideramos que está mal, el gobierno de Peña y los gobiernos locales fallarán en contra del Estado de derecho y la democracia.

El peligro del carro completo es que se proteja a quienes vulneran la legalidad de las instituciones y los valores de la sociedad. Montiel, hace mucho tiempo, fue perdonado -incluso por panistas y seudopanistas-; ahora son protegidos a pesar de su torpe exhibición de ricos nuevos los exgobernadores Granier y Moreira, y por supuesto el senador Romero Deschamps, beneficiario del más rancio corporativismo antidemocrático. Es muy probable que se deje sin efectos la investigación contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, y entonces se reescribirá el libro de la familia feliz priista. Nadie es culpable.

El presidente Peña y sus vicepresidentes Videgaray en lo económico, Osorio Chong en lo político y César Camacho en lo electoral deben entender que el carro completo con apoyo de programas sociales populistas es veneno para la democracia. Si así el PRI sin mayorías estrictas defiende los excesos de sus correligionarios, como lo hizo el eterno Gamboa al pedir no satanizar a figuras prominentes como Humberto Moreira, ¿qué nos podrá deparar el destino? Estado de derecho y democracia o sólo demagogia. La realidad no miente; a ella me atengo.

Cocaína y TV

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Por Juan José Solis Delgado

Este artículo se publicó originalmente el 13 de noviembre de 2012, en la columna Intersticios de la revista  Razón y Palabra, Primera Revista Digital en Iberoamérica Especializada en Comunicología.

Pese a todos los intentos de diversas naciones del mundo por establecer en sus respectivos países políticas públicas que combatan la producción, consumo y distribución de drogas ilegales, Estados Unidos el país de mayor consumo de estupefacientes, contrario a los esfuerzos internacionales, ha dado luz verde a la legalización de la marihuana en dos estados (Colorado y Washington) para uso recreativo, y refrendado el uso medicinal en 19 estados de la Unión Americana.

Más allá del interés informativo que causa esta decisión, lo que tenemos frente a sí es una industria multimillonaria con la capacidad de convertir en legal, lo que por muchos años ha desarrollado al amparo de la ilegalidad, la corrupción, la complicidad y el desenfado de las clases política y económica mundiales que literal y metafóricamente están involucradas hasta las narices en el problema del narcotráfico.

En ello, la televisión –y en menor medida otros medios–, se han visto obligados a introducir en sus contenidos el tema de las drogas y los delitos que conlleva su trasiego y consumo, ya sea mediante la producción de series de ficción que intentan recrear la vida delictiva, o bien, mediante documentales serios que ponen en evidencia la cruda realidad de dicho cáncer social.

Es el caso del programa especial: Cocaína: Historia entre líneas, que recientemente trasmitió la cadena A&E Television Networks, a través de su canal History donde sin tamiz alguno exhibe la forma en que los traficantes y distribuidores de la cocaína burlan la “supuesta” vigilancia de las autoridades norteamericanas para trasladar desde las fronteras del sur de los Estados Unidos hasta los centros de distribución más importantes de la costa este.

Los testimonios de quienes ahí aparecen, son tan genuinos como reveladores, pues protegidos con máscaras en el rostro y la voz distorsionada, hacen una radiografía precisa de su modus operandi, y sobre todo, dan fe de lo jugoso que es el negocio en términos de las ganancias económicas que genera para toda la cadena de personas que participan en el proceso del trasiego y distribución.

Además, estos testimonios ponen en entredicho la honradez y ética de las autoridades norteamericanas, al revelar que todos los involucrados, desde los policías de la patrulla fronteriza, pasando por ministerios públicos, agentes de la DEA, políticos, periodistas, alcaldes, etcétera, todos, reciben una cuota monetaria producto de su silencio y complicidad.

Los datos duros que se exponen en este documental, son por ejemplo que 9 de cada 10 billetes en circulación en Estados Unidos tienen pequeñas cantidades de cocaína, lo que significa que materialmente todo el dinero circulante tiene un tránsito inexorable por el mundo de la droga. Otro más, tan sólo en el año 2008, cerca de 1.5 mil millones de dólares en cocaína fueron confiscados solamente en aquel país.

La televisión, con su poder de penetración y capacidad de construir una realidad a través de la imagen y los testimonios de los entrevistados, logra lo que las autoridades probablemente saben pero ocultan: decirnos cómo es y en qué estatus actual se encuentra el problema del narcotráfico, y en particular, el tema de la cocaína que más allá de ser un problema de salud pública, nadie se atreve a ponerle un freno debido a la magnitud financiera que representa para la economía estadounidense y los países productores.

Sin ser una apología del delito, la televisión –y en especial este tipo de producciones– pone el dedo en la llaga en el tema del narcotráfico, al parecer no es un asunto de buenos y malos, de valores perdidos, de un tejido social resquebrajado o de una política sanitaria inapropiada, se trata en todo caso, de la permanencia irrestricta del poder económico de una industria multimillonaria soportada en estructuras financieras que dan cause a un sin fin de actividades ilícitas; pero también, que sostienen actividades lícitas en el entorno de la política, el derecho, la economía y otros lugares del contexto social.

Esta vez, la televisión con contenidos responsables, nos permite observar que la guerra emprendida en México y otras naciones para combatir al narcotráfico, son sencillamente batallas simuladas que no llevan a nada y que no representan ningún tipo de triunfo; pues sólo crean un ambiente de violencia donde la muerte y los actos fuera de la ley, sirven para que los gobiernos legitimen el uso de la fuerza del Estado contra las bandas criminales y destinen millonarios recursos en la compra de armas y tecnología que apuntale el sentido combativo de ejércitos y policías antinarcóticos, produciendo así, la sensación de un inquebrantable compromiso social, cuando en la realidad deberían en todo caso debilitar las finanzas de los grupos delincuenciales que nunca dejan de presentar nuevos líderes y estrategas que impiden caiga su presencia en el mercado.

Concederle el estatus legal al consumo de la marihuana con fines recreativos en dos estados de la Unión Americana, podría en principio ser algo menor, pero no lo es. La idea de legalizar las drogas como ha ocurrido en otros países, intenta disminuir el poder de las bandas de narcotraficantes, sobre todo en materia de producción y distribución, por lo que se avizora que la gran industria de los estupefacientes no cederá tan fácilmente el terreno a una producción formal y a una regulación gubernamental.

Ante ello, los medios de comunicación tienen un gran compromiso de exhibir cada día y con responsabilidad, los detalles más profundos del tema. Así como lo hizo la televisión con esta radiografía del trasiego de la cocaína entre países latinoamericanos, europeos y los Estados Unidos, será oportuno conocer también nombres y el respectivo encarcelamiento de los involucrados: políticos, policías, empresarios y todo aquel que participe en cualquier lugar del mundo en la multimillonaria industria del narcotráfico.

Comunicación fallida de Calderón

Por Juan José Solis Delgado

Este artículo se publicó originalmente el 7 de octubre de 2012, en la columna Intersticios de la revista  Razón y Palabra, Primera Revista Digital en Iberoamérica Especializada en Comunicología.

En México, el sexenio de Felipe Calderón pasará a la historia no sólo por la cantidad de muertos que provocó su guerra absurda que inició enfrentando a seis carteles del narcotráfico que en ese entonces vendían el gramo de cocaína en 97.71 dólares, hasta alcanzar en el año 2012, catorce organizaciones criminales vendiendo el mismo gramo de droga en 164.91 dólares, sino también, por la fallida estrategia de comunicación pública utilizada durante todo su sexenio. Veamos.

Al principio del sexenio, la vocería de la presidencia y el presidente mismo sostenían que se trataba de una guerra contra las bandas de narcotraficantes, después la palabra “guerra” fue sustituida por “lucha” y  “bandas de narcotraficantes”  por “bandas criminales”, intentando meternos en el complejo escenario donde nadie podría estar en contra de las decisiones presidenciales, pues de así hacerlo, se estaría en una postura de traición a la patria y a favor del crimen organizado.

Al inicio de esta guerra/lucha, los discursos de Felipe Calderón se perfilaban siempre triunfantes: “estamos ganándole a los criminales”. Pero esa victoria sólo se reconocía en la superficialidad del discurso, pues la realidad que reportaban los medios informativos y la buena salud de las finanzas del crimen organizado evidenciaban justo lo contrario. Entonces la sociedad a través de sus analistas y líderes de opinión reclamaron a la presidencia la falta de precisión en la lucha emprendida, pues si bien las bandas de narcotraficantes estaban operando con mayor violencia, el problema no era sólo el trasiego de drogas, sino los delitos que se cometían en su periferia, como el secuestro, la extorsión, robo de autos, etcétera.

Felipe Calderón desoyó los reclamos e hizo creer a la opinión pública que quienes criticaban su lucha armada, en el fondo era porque estaban a favor de los delincuentes. Falso. Nadie pidió que se dejara de combatir a los criminales, no existió una sola línea impresa o una expresión donde se pidiera dejar de combatir a dicho cáncer social. Lo único que se le exigió desde un principio –y hasta el final–, fue cambiar la estrategia que tristemente terminó con la vida de personas inocentes que no estaban involucradas en los actos criminales, además de estar desgastando el perfil y legalidad de las fuerzas armadas.

La estrategia de comunicación fue absurda, ridícula e incoherente: “son daños colaterales”. Fue lo primero que se les ocurrió decir a los estrategas de comunicación social, y a partir de ahí los yerros se presentaron día con día. La falta de comunicación entre las instituciones de seguridad como el ejército, la marina, la policía federal y la procuraduría general de la República, lograron crear una confusión de enorme magnitud que terminaron por perder todo rumbo, sentido, credibilidad y eficacia ante la opinión pública.

Una idea para darle sentido a la persecución criminal fue crear –igual que ocurre en los Estados Unidos– una suerte de catálogo de los delincuentes más buscados. Así, cada captura constituiría un logro mayúsculo que la oficina de comunicación social de la presidencia se encargaría de anunciar a la población por todos los medios posibles, para crear la sensación de que se estaba trabajando con mano firme. Sin embargo, el problema de éstas detenciones fue que casi todas ellas fueron producto de información proporcionada por soplones, y un porcentaje mínimo, fueron producto de la inteligencia de seguridad.

Así, situaciones tan absurdas como el ejército atrapando delincuentes en el mar, mientras que la marina lo hacía en tierra, o bien, las –sospechosas– llamadas anónimas que alertaban a los policías federales de “supuestos” actos ilícitos, provocaron entre los comunicadores sociales de la presidencia, la prisa y el deseo de dar a conocer a los principales medios de comunicación las noticias de capturas como si estuvieran atrapando al mayor líder del crimen, cuando en realidad, siempre se trató de delincuentes de poca monta sin poder en las estructuras criminales.

El gran problema de comunicación de la presidencia de la República, fue y es que no supieron identificar adecuadamente cuáles logros debían enaltecer con precisión y objetividad y cuáles difundir con reservas. Mientras alardeaban de haber capturado a un líder “altamente” peligroso como “la Barbie”, el trabajo periodístico de investigación les complicaba el escenario demostrando que había sido una entrega pactada. Por otra parte, la captura y muerte de Arturo Beltrán Leyva jefe de jefes de la mafia, causó revuelo en la opinión pública, pero más tarde se demostró que la organización criminal había ungido a un nuevo líder y sus finanzas eran sólidas y sanas.

Mientras tanto, la cifra de muertes fue aumentando año con año. La respuesta de Felipe Calderón y sus vocerías fue que los delincuentes se mataban entre ellos. Una vez más la realidad demostró lo contrario. Los militares cometieron crímenes a mansalva en retenes, los policías federales protegían plazas a favor de las bandas criminales y asesinaron sin pudor a quien se inmiscuía en sus asuntos, la industria del secuestro a migrantes mexicanos y centroamericanos tutelada por las autoridades de migración creció exponencialmente y las principales autoridades de seguridad pública federal fueron cuestionadas por su cercanía con el crimen organizado. Ante ello, la oficina de comunicación social no atinó en enfrentar esa información negativa que se publicaba un día sí y otro también en la prensa nacional e internacional.

La única idea pueril que se les pudo ocurrir en la oficina de comunicación social para contrarrestar los daños, fue destinar recursos públicos para crear series de televisión que cambiarán la percepción de policías y militares corruptos y asesinos; aderezados de programas de turismo donde Felipe Calderón representó el papel de animador de televisión. No hubo peor fiasco que intentar cambiar la realidad con un programa en el canal de las estrellas.

Así, llegamos a que si hubo logros en esta administración que está apunto de fenecer, éstos no se conocieron por la incapacidad que tuvieron los comunicadores sociales de la presidencia, que más que implementar una política asertiva de comunicación, se dedicaron a cumplir todos los caprichos de un presidente obcecado por hacerse de legitimidad a base del miedo, la violencia y la muerte.

Encuestas sin credibilidad

Por Juan José Solis Delgado

Este artículo se publicó originalmente el 22 de julio de 2012, en la columna Intersticios de la revista  Razón y Palabra, Primera Revista Digital en Iberoamérica Especializada en Comunicología.

Para quienes estudiamos la comunicación en la sociedad y los respectivos relatos que de ella se derivan, el proceso electoral del primero de julio pasado, marcará un hito en la historia de los procesos de observación, análisis y síntesis de las diversas formas comunicativas utilizadas como estrategias de campaña para convencer, promover, seducir o confundir al elector con información no siempre certera, pero sí con un alta capacidad de perspicacia e influencia política.

Se acepte o no, las encuestas y la actividad en la redes sociales, marcaron la agenda de la discusión política y en el fondo fueron el escenario que le dio color –a veces sombrío– al proceso electoral. Prácticamente todos los candidatos tomaron como referencia de navegación la dirección que señalaba la información de las encuestas como una suerte de espejo mágico con capacidad de predecir el futuro; de ahí que no hubo medio de comunicación medianamente influyente que no se asociara con una casa encuestadora para ser parte del ejercito constructor de opinión pública mediante las cifras que arrojaban las mediciones públicas.

La utilización de las encuestas en México es relativamente joven, al menos en su uso mediático. La referencia histórica señala que fue en la elección de 1997 cuando el periódico La Jornada hizo pública una encuesta que medía las preferencias electorales de la primera elección a jefe de gobierno de la ciudad de México. No obstante el ejercicio demoscópico se observa y desarrolla claramente en la Alemania Nazi, casi a mediados del siglo pasado. Ante la eficacia de la propaganda política y la influencia de las encuestas en aquella época, décadas posteriores emergen importantes estudios sobre la materia entre los que destaca la investigación de la doctora Elisabeth Noelle-Neumann quien trazó la teoría de la Espiral del silencio donde estudia el comportamiento de las personas ante los fenómenos del carro ganador (es decir, todos quieren subirse a ese carro para no quedar marginados de la opinión pública) y  la exclusión social.

Así, no es difícil suponer la apuesta que los estrategas actuales hicieron sobre el uso propagandístico de las encuestas, que tan sólo con cumplir unos requisitos mínimos que les impuso la autoridad electoral, fueron capaces de jugar un papel relevante en la formación de opinión pública, pero con objetivos distintos a su naturaleza; es decir, las mediciones fueron utilizadas con fines de proselitismo que se alejaban de presentar instantáneas del clima electoral, sino en todo caso, buscaron posicionar la idea de que el candidato puntero estaba muy por encima de sus adversarios y con ello –crear–  la sensación de que la elección ya estaba definida.

Se supone que de las encuestas se sabía lo suficiente para entender su operación fundamental (tomar fotografías en momentos determinados entre los posibles votantes), por ello durante el periodo de campaña, periodistas y encuestadores dijeron que las encuestas eran útiles en tanto servían para medir las preferencias electorales de los ciudadanos. Sin embargo, ante su actividad proselitista y su función propagandística, es un hecho que influyeron tendenciosamente en el proceso electoral, y paradójicamente a unas semanas de distancia de la elección,  aquellos periodistas, encuestadores y líderes de opinión que respaldaban con sesudos análisis las cifras de las encuestas, hoy se preguntan porqué debíamos confiar en ellas, si son apenas instrumentos inexactos de medición.

Prácticamente ninguna de las encuestas tuvo cercanía a las cifras que arrojó la realidad. Sus márgenes de error fueron rebasados por mucho y su credibilidad, certeza, seriedad y profesionalismo quedaron en entredicho. Lo anterior es un capítulo que queda pendiente para la próxima legislatura y la ley electoral, pues en cualquier camino que conduzca a la democracia, no se puede tolerar el uso mezquino y cómplice de las empresas encuestadoras que brindan sus resultados para apuntalar la actividad propagandística de un solo candidato.

Si bien la actividad velada que tuvieron las encuestas no fue determinante para definir los resultados de la elección, sí influyeron en la construcción-desconstrucción del clima político que hoy enfrenta un proceso de impugnación electoral, pues ante la compra de votos, el rebase en los topes de campaña, el posible uso de dinero ilícito y la fabricación de un candidato desde los sets de televisión, se quiere hacer creer que nada de ellos tiene razón de ser en tanto las encuestas desde un principio ya habían fotografiado la voluntad popular.

Ante ello, no basta con las disculpas que algunos “supuestos periodistas profesionales” hicieron por haber contribuido en el ejercicio de –mal– informar a sus lectores; en todo caso, sería necesario obligarlos a renunciar a su actividad periodística por no haber tenido la capacidad y el decoro suficientes de ser imparciales y actuar con ética y sobriedad. Por su parte, los dueños de las casas encuestadoras tendrán que hacer un ejercicio de reflexión y definir si su trabajo de hoy en adelante marchará bajo la sombra de la sospecha y de satisfacer los intereses de unos cuantos, o bien, contribuirán con seriedad y profesionalismo en el fortalecimiento de la vida democrática del país. Al tiempo.